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como derecho universal

El agua 
como derecho universal

Una tertulia amable con Gustavo Petro para conocer sus reflexiones acerca del preciado líquido.
Tatiana Vargas Sabogal

Las  alarmas se encuentran encendidas y las naciones del mundo se están cuestionando acerca del uso, distribución y manejo de este recurso. Su desgaste y escasez crecen día a día como consecuencia de muchos factores, como el calentamiento global, el cambio climático, la contaminación, el malgasto y en especial el incremento acelerado de la población, que cada vez demanda más agua y alimentos.

Por eso, durante los últimos 10 años se han hecho cuestionamientos y planteamientos en defensa del agua en todo el mundo. El tema es punto fundamental en foros y eventos nacionales e internacionales. Sin ir muy lejos, en Cochabamba (Bolivia), en el año 2000, debido a un incremento de tarifas hubo un levantamiento popular que se oponía a la privatización del recurso; en 2003, algunas organizaciones y movimientos sociales de Centro y Suramérica firmaron la Declaración de San Salvador en rechazo a las iniciativas de privatización de los recursos hídricos.



Por otra parte, el Foro Económico de Davos (Suiza) declaró en 2009 que “en 20 años el negocio del agua será más lucrativo para los inversionistas que el del petróleo”. Y en marzo de 2009, en el Foro Mundial del Agua celebrado en Estambul (Turquía), las opiniones se dividieron entre aquellos que consideraban este elemento como “necesidad humana básica” y los que creían que se debía declarar como “un derecho humano”.

Resolución de la Organización 
de las Naciones Unidas
En medio de un amplio debate sobre el tema, más de 39 países encabezados por Bolivia tomaron la iniciativa de presentar una propuesta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) argumentando que “las enfermedades provocadas por falta de agua potable y saneamiento causan más muertes que cualquiera de las guerras, pues cada año más de 3,5 millones de personas mueren por enfermedades transmitidas por agua contaminada, y la diarrea mata más niños que el SIDA, la malaria y la viruela juntos”.
Después de considerar dicha propuesta y amparada en anteriores resoluciones y acuerdos sobre derechos humanos, la ONU determinó el 26 de julio de 2010 declarar “… el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Esto en razón de la preocupación, “porque aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico. Además, cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años como consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”.
Esta declaración supuso un nuevo punto de partida, y así lo expresa la experta independiente de la ONU Catalina Albuquerque: “Al reconocer la existencia del derecho, quiere decir que no se habla más de caridad sino de obligación de los Estados con la gente, incorporada al derecho internacional. Cuando los Estados adopten medidas, deben tener en cuenta a la población vulnerable, a los marginados, indígenas, refugiados, etc. En la práctica habrá cambios por el hecho de ser obligaciones jurídicas. La gente podrá ir a un tribunal y exigir ese derecho. Se obligará a los Estados a ser más eficientes al respecto”.

Acciones en Colombia
El debate en el país fue liderado en 2008 por el Comité Nacional de Defensa del Agua y la Vida, integrado por 1.255 organizaciones sociales y ambientales que promovieron el llamado ‘Referendo del agua’, con el cual se proponía elevar a rango constitucional el acceso al recurso hídrico como derecho fundamental, y se atribuía al Estado y las comunidades organizadas la responsabilidad por la prestación del servicio. Con igual propósito, en el mismo año se presentaron otras iniciativas, como el proyecto legislativo 054 de 2008, que fue archivado; el proyecto 047, también de 2008, que presentó la Defensoría del Pueblo y fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, y el proyecto de ley 150 que proponía la creación del Fondo de Agua Social, como medio para subsidiar el servicio de acueducto en zonas de difícil gestión.
Sin embargo, el referendo y las otras ponencias no prosperaron jurídicamente, pero hoy se sustentan en la declaración de la ONU y cobran vigencia nuevamente. Al respecto, el ex candidato presidencial Gustavo Petro, quien ha sido defensor del tema, compartió en entrevista exclusiva para Revista del Agua algunos de sus planteamientos.

“El presidente Juan Manuel Santos alcanzó a decir en algunos de sus discursos que le gustaba el tema, pero sin profundizar, y después vino la Resolución de Naciones Unidas, que no tuvo mayor desarrollo mediático en Colombia. No se ha hecho ni una evaluación, ni una discusión en el Congreso, ni una sola propuesta al Gobierno sobre ese hecho. Mi tesis es que, inmediatamente se aprobó en Naciones Unidas, debió formar parte de la Constitución, pues ésta establece que los tratados internacionales de los que Colombia sea signataria son parte de la Carta automáticamente. Esto nos llevaría a afirmar que hoy en la juridicidad colombiana el acceso al agua potable debería tratarse como un derecho, pero eso tendría consecuencias en cuanto al plan de inversiones en acueducto y alcantarillado, y debería tener unos efectos concretos respecto a tarifas. Es una medida que se puede establecer de manera objetiva, pero ninguno de esos temas se está discutiendo, como si no se hubiera aprobado en la ONU este derecho”.



Manejo del agua en Colombia
Actualmente, el Estado se encarga de la administración del recurso con base en instrumentos de comando y control, como la concesión de aguas, la reglamentación de corrientes y el permiso de vertimientos, que se sustentan en la noción del agua como bien de uso público. Para tal fin, cuenta con un conjunto de entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA), en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). De este sistema forman parte todas las instituciones nacionales y regionales, gubernamentales y no gubernamentales, del sector del medio ambiente, tales como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que ejercen la autoridad en el sector y desempeñan un papel determinante en la administración de los recursos naturales, puesto que son el eje institucional para la ejecución de la política ambiental.

Una de las mayores críticas al referendo del agua fue la propuesta del manejo público estatal y comunitario del líquido como medio para garantizar este derecho. Sobre el tema, Petro responde: “En el mundo, hay una larga tradición de sistemas de agua potable gratuita y sistemas privados intercalados. A veces coexisten o se reemplazan unos por otros, se privatizan, se vuelven república, pero hoy nadie puede asegurar que un servicio es más eficiente si es privado o público. El agua tiene un manejo ancestral por definición, porque fue uno de los primeros recursos que el ser humano aprendió a manejar y a tratar, dado que de eso ha dependido su vida. Hay una larga acumulación de experiencias que no permiten decir que una comunidad o una sociedad determinada no está preparada para ese manejo”.

En Colombia, para los habitantes de las grandes ciudades, la manera más natural de obtener agua potable es abriendo el grifo y por eso no les es fácil imaginar la situación de muchas otras personas que en pequeños y alejados pueblos y ciudades no cuentan con ese servicio en sus hogares y deben recorrer largos caminos para poder acceder al preciado líquido o esperar los carrotanques abastecedores, que les dejan una escasa provisión para una o dos semanas a lo sumo.

Según el DANE, el 83% de la población cuenta con el servicio, y el 17% restante carece del mismo. Por otra parte, de acuerdo con lo expresado en el documento ‘Política nacional para la gestión integral del recurso hídrico’, del Ministerio del Medio Ambiente, “más del 80% de los asentamientos urbanos de los municipios se abastece de fuentes como arroyos, quebradas y riachuelos, sin sistemas de almacenamiento, lo cual hace que una buena parte de la población y su abastecimiento de agua sean altamente vulnerables”.

El problema de abastecimiento no se debe a la escasez del líquido porque Colombia es reconocida en el mundo por su riqueza hídrica, que se estima en 58 litros por segundo por kilómetro cuadrado (lt/seg km2), que es seis veces más que el promedio mundial y tres veces más que el promedio latinoamericano. Las dificultades radican en la falta de políticas y en la inadecuada inversión de los recursos. Para dar respuesta a la necesidad de mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua en el país, el pasado gobierno del presidente Álvaro Uribe implementó los Planes Departamentales de Agua (ver artículo Revista del Agua No.1).

Con relación al tema, Petro le dijo a Revista del Agua: “Con el Gobierno pasado se trabajó en lo que se denominó Planes Departamentales de Agua, que tendían a la privatización con una serie de pactos, acuerdos económicos, etc. A la luz del derecho de la ONU, tendrían que ser revisados completamente. Con Santos se habló del tema; incluso, él propuso en su discurso presidencial, después de esa conversación, la Agencia Nacional del Agua. Yo opiné que no era una buena idea porque borraba todo el tema de las corporaciones y sus experiencias. La dispersión institucional que existe sobre el tema no se corrige con un instituto descentralizado, que dependería del Ministerio correspondiente. Por ahora es preferible una consejería presidencial para este tema que, a partir de un funcionario directamente cercano al despacho del Presidente, pueda enlazar ministerios, instituciones diferentes, corporaciones autónomas, y construir una política integral. Quedó en el acuerdo que en el Plan Nacional de Desarrollo se esbozara, así fuera en términos muy generales, lo que podría ser un plan de aguas para el país, pero todavía no sabemos si esto se volverá realidad o no, ni cuál será el desarrollo que por medio de Sandra Bessudo (futura ministra de Medio Ambiente) se pueda implementar”.

¿Qué se está haciendo?
Respecto a los planes del Gobierno actual, la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, declaró: “El país debe emigrar a Planes Departamentales de Agua de segunda generación: agua potable, saneamiento básico sostenible, con tarifas justas, porque la actual estructura operativa de los PDA no es viable para todas las regiones del país, dadas las diferencias geográficas, que exigen distintas soluciones de acuerdo con las particularidades del país”.

Indicó que “el agua potable y saneamiento básico para los colombianos es el reto del cuatrienio en el Plan Nacional de Desarrollo. Los PDA de segunda generación tienen cuatro objetivos: visión regional, que reconoce la particularidad territorial; solución integral y regional de residuos; buen gobierno para la gestión de agua y saneamiento, y regulación que impulse la equidad social. Somos conscientes de la necesidad de que el sector de agua potable y saneamiento básico sea el aceite que acelere nuestra locomotora de vivienda al ritmo de la gestión que imprime el presidente Santos”.

En opinión de Petro, “el problema es que hay pobreza. El modelo de privatización del agua pone un precio al mercado del agua y el que no pueda pagarlo, pues no tiene agua. Los gobiernos pueden construir un sistema que permita, sin quitar la empresa privada, establecer un mecanismo de compensación de subsidio. En Colombia funciona en una proporción y supongo que se pueden coordinar mercado, agua, empresa privada y derecho al agua, pero siempre se necesitará un mecanismo de compensación al mercado porque éste no garantiza dicho derecho”.

Petro agrega que “… en poblaciones con mayor volumen de pobres es menos sostenible el esquema de privatización. Puede ser que una empresa privada funcione en Bogotá, por ejemplo, pero en Carmen de Bolívar no. En la capital del país existe una población que puede pagar un sobrecosto para financiar el subsidio, pero Carmen de Bolívar no cuenta con ese recurso. Las grandes ciudades tienen sistemas de acueducto relativamente desarrollados y en cambio una enorme cantidad de municipios carece de ellos porque ni la empresa privada está interesada (dado que ahí no se van a poder recuperar las inversiones), ni el Estado tampoco ha suministrado los recursos para superar estas deficiencias”.

¿Qué se va a hacer?
El Gobierno, además de la mencionada reestructuración a los PDA, ha propuesto un proyecto de ley que le dará facultades al Presidente para la división del MAVDT. Al respecto, la Ministra dice: “Tenemos que aprovechar el proceso de escisión de los ministerios de Vivienda y de Ambiente para crear, en este último, la capacidad de diseñar regulaciones ambientales económicamente eficaces y socialmente equitativas. Los propósitos del actual Gobierno en materia de política ambiental podrían quedarse en el tintero si no fortalecemos las instituciones encargadas del tema”.


Propuestas de Petro

Al Gobierno
“Construir una Misión del Agua que se encargue de hacer el diagnóstico y proponer unas políticas que desarrollen el concepto de ‘gobernanza del agua’ e incluyan desde la reforestación hasta la construcción de acueductos. Esta Misión sería similar a la Misión Rural que funcionó en el gobierno de Samper, el cual creó un panorama y unas propuestas sobre el tema de la tierra que finalmente no se aplicaron”.
“El Gobierno, mediante la Encuesta de Hogares del DANE, tiene unas estadísticas que están subvaloradas. Creo que en Colombia deberíamos hacer un censo específico sobre el tema del agua que sirviera de base para formular una política de gobernabilidad de la misma”.
“El consumo mínimo gratuito, de acuerdo con la cantidad de litros que se escojan para definir esto, puede representar una partida de máximo dos billones de pesos, que, comparado con Familias en Acción, sería un costo menor. Simplemente, en lugar de entregar un subsidio en dinero se entrega agua”.
“Hay necesidad de hacer un foro latinoamericano del agua porque este no es un problema simplemente de Colombia y por eso debe abordarse transnacionalmente. El agua no solamente le da poder a Colombia sino a toda Suramérica, porque es aquí donde está ese recurso natural y eso hay que hablarlo. Colombia es una potencia en el tema y podría perfectamente construir no solo un modelo de desarrollo, sino una política internacional”.
A la sociedad civil
“Despertar la conciencia del agua como derecho de los ciudadanos, pues hay poblaciones que desconocen este derecho fundamental. Quizá el hecho de que tengamos tanta agua es lo que ha impedido que se forme una conciencia sobre el tema”.
“El desarrollo del movimiento social tiene muchos protagonistas. La gente que no tiene agua, la gente que no tiene saneamiento básico y la gente que está peleando contra la privatización de las fuentes forman un cuerpo civil que se puede expresar vía tutela haciendo uso de este instrumento de garantía de derechos, a partir del cual se puede construir una doctrina jurídica, que en el mediano plazo terminará cambiando las políticas públicas”.

 

FUENTES
http://www.superservicios.gov.co
http://www.ecofondo.org
http://www.worldwaterforum5.org
Marín, R. Colombia: potencia hídrica. Bogotá. Sociedad Geográfica de Colombia. 2003
Política nacional para la gestión integral del recurso hídrico. Viceministerio de Ambiente. 2010
http://www.icpcolombia.org/archivos/reflexiones/paper_del_agua.pdf.

Leer 822 veces Modificado por última vez en Lunes, 03 Diciembre 2012 17:40

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